La Iglesia católica es poco transparente a la hora de justificar a qué destina los más de 250 millones euros que recibe cada año como asignación tributaria con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta (IRPF). Y el Estado —los sucesivos Gobiernos en la etapa de democracia— no se ha preocupado de exigirle acabar con la opacidad. Es una de las principales conclusiones a las que llegan los tres consejeros del Tribunal de Cuentas encargados de elaborar como ponentes el primer informe de fiscalización...