Legislando para la impunidad, por Las Tejedoras

*Por Julissa Mantilla Falcón, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Cuando en 1995 la jueza Antonia Saquicuray inició la investigación de la masacre de Barrios Altos, el Congreso aprobó la Ley 26479 para exonerar de responsabilidad a los perpetradores de violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995. La jueza decidió que esa norma no era aplicable porque violaba las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos.