Consorcio de Racsa con empresas brasileñas reclama al Ministerio de Justicia $1,3 millones en contrato de tobilleras electrónicas y pide elevar tarifa un 72,2%

Un consorcio integrado por Racsa y dos empresas brasileñas, que brinda el servicio de tobilleras electrónicas con las que se monitorea a cientos de sentenciados en Costa Rica, reclamó al Ministerio de Justicia un pago de más de $1,3 millones por lo que considera un desequilibrio económico en el contrato y por la pérdida de dispositivos.

El grupo solicitó modificar las condiciones del contrato que dio inicio en noviembre del 2024, así como elevar el costo de la tarifa por cada artefacto activado en hasta un 72,2%.