Los problemas judiciales para Pedro Sánchez estallaron a finales de febrero, pero las cosas se han empezado a poner mucho peor a partir del segundo semestre, con la aparición de informes de la Guardia Civil con información comprometedora para el presidente del Gobierno y su entorno y con las dos declaraciones ante el juez del empresario Víctor de Aldama. Y eso parece que ha tenido influencia sobre el rumbo tomado por Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero, mucho más esquivos ante las Cortes.