En un intento fallido, el Instituto Nacional Electoral solicitó diferir la celebración de las elecciones judiciales del 1 de junio al 31 de agosto de 2025. La petición, escrita y presencial, sometida a consideración de las Cámaras de senadurías y diputaciones, así como de la Secretaría de Gobernación, consistía en que la jornada electoral se llevara a cabo tres meses después de las elecciones locales de Durango y Veracruz, pero los argumentos sobre la problemática logística no fueron suficientes...