En 2017, Camila tenía apenas 13 años cuando quedó embarazada a consecuencia de los abusos que sufría de parte de su progenitor. Ante esta situación, solicitó junto a su madre un aborto terapéutico debido a que representaba un grave riesgo para su vida y su salud.
Pero su pedido fue desatendido. Tiempo después, Camila sufrió una pérdida espontánea a las 13 semanas de gestación. En lugar de recibir apoyo médico y psicológico, fue sometida a un proceso penal: la Fiscalía la acusó de haber inducido su aborto.
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